Seis años después de la aprobación de la norma urbanística de Barcelona que obliga a los promotores a destinar el 30% de los pisos que construyen a vivienda social, la espantada de proyectos que provocó se evidencia de nuevo. Los datos de viviendas visadas en 2024 publicadas este martes por el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) muestran que en la capital catalana los promotores han dado la espalda a la idea la exalcaldesa Ada Colau y los proyectos de vivienda libre caen. En cambio, el impulso a la vivienda pública crece (sobre todo por parte de la administración) y los pisos protegidos fueron casi el 50% de los que validó el colegio en 2024. Durante el pasado ejercicio, el COAC visó 1.056 pisos libres y 910 de protección, la mayoría impulsados por el Ayuntamiento o en nuevos barrios nuevos como La Marina, en la Zona Franca, donde casi la mitad de vivienda será protegida. De todos los edificios visados en 2024, solo tres están obligados a cumplir con el 30%, y suman apenas 12 viviendas. En los tres años anteriores los pisos libres fueron 859 en 2023; 1.060 en 2022; y 2.385 en 2021.
