Los gobiernos enfrentan desafíos cada vez más complejos en los que la ciencia debe desempeñar un papel esencial como herramienta para apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Sin embargo, la creciente especialización y la abundancia de conocimiento científico dificultan su aplicación por parte de los responsables políticos. Además, la acción política se ve amenazada por la proliferación de información acientífica. Por ello, un número creciente de gobiernos ha implementado mecanismos para garantizar un asesoramiento científico eficaz en sus procesos de decisión.
